La Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSeS) confirmó ayer que analiza la apelación del fallo judicial que declaró inconstitucional el pago del impuesto a las Ganancias a los jubilados que cobran más de 38 mil pesos mensuales, el uno por ciento del padrón.
Así lo indicó ayer el titular del organismo, Emilio Basavilbaso, quien refirió que por esa vía el Estado nacional recauda unos 7.000 millones de pesos, que deberían ser reemplazados con recursos provenientes de una nueva norma que deberá tratarse en el Congreso Nacional. “Se apelaría, pero todavía no nos llegó el expediente (judicial), allí vamos a analizarlo bien. La ANSeS debe liquidar las jubilaciones en base a lo que dice la ley vigente, por eso tenemos la obligación de apelar”, dijo Basavilbaso.
El titular de la ANSeS refirió que los pasivos que actualmente pagan Ganancias son “hasta 100 mil jubilados”, los cuales cobran haberes jubilatorios o pensiones “a partir de los 38.000 pesos: ya que los que ganan más de seis jubilaciones mínimas son los que tienen que pagar Ganancias”.
“Son el 1 por ciento del (padrón) total de jubilados: son los que más ganan”, acotó.
INTERVENDRIA LA CORTE
La semana pasada, la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social refrendó la decisión adoptada en primera instancia de declarar inconstitucional el pago de Ganancias a las jubilaciones más altas y, en caso de apelación, debería intervenir la Corte Suprema. Respecto a la tramitación de la “reparación histórica”, Basavilbaso comentó que a ocho meses de entrar en vigencia la ley sancionada por el Congreso nacional ya fueron reajustadas un millón de jubilaciones, a razón de más de 100 mil mensuales, con un aumento promedio del 31 por ciento.
“Del millón de reajustados, tenemos 600 mil aceptaciones y muy poquitos, sólo un tres por ciento, no aceptó”, explicó. Si bien la tramitación de cada caso en la “reparación histórica” se hace vía internet, con la apertura de un expediente, la aceptación del ofrecimiento de la Administración se cumple a través de la imposición de la firma electrónica y de la huella digital en el banco pagador del haber.
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